Crisis de 1917

Crisis de 1917 es el nombre que se da por la historiografía española al conjunto de sucesos que tuvieron lugar en el verano de 1917 en España, destacadamente tres desafíos simultáneos que hicieron peligrar al gobierno e incluso al mismo sistema de la Restauración: un movimiento militar (las Juntas de Defensa), un movimiento político (la Asamblea de Parlamentarios de orientación catalanista que tuvo lugar en Barcelona), y un movimiento social (la huelga general revolucionaria). Coincidieron con una coyuntura internacional especialmente crítica en ese mismo año, posiblemente uno de los más cruciales en toda la Historia. En cambio, la historiografía mundial no suele emplear el nombre de crisis para este periodo, reservándolo para algunas cuestiones puntuales relacionadas con la Primera Guerra Mundial: la crisis de reclutamiento en Canadá y la crisis de construcción naval en Estados Unidos.
En Rusia, la Revolución de Febrero de 1917 había derribado la autocracia zarista, y el gobierno de Kerenski intentaba construir un sistema democrático al tiempo que continuaba la guerra contra los Imperios Centrales (desastrosa en términos militares, económicos y humanos, y cada vez más impopular). El descontento creciente estaba siendo aprovechado por los bolcheviques (se produce el famoso viaje de Lenin que atraviesa Europa en un vagón sellado), que alcanzarán el poder en la Revolución de Octubre del mismo año.
La Primera Guerra Mundial atravesaba una fase de incertidumbre, pues la ventaja alemana en el frente oriental (que en poco tiempo sería total, tras la paz por separado -Tratado de Brest-Litovsk, 3 de marzo de 1918- negociada con los soviéticos) se compensaba por la entrada en guerra de los Estados Unidos (6 de abril), que desequilibraría el frente occidental.
Sin que en ese momento se manifestaran sus efectos, en el invierno de 1917-1918 se inició lo que en el bienio siguiente (1918-1919) se develó como la más mortífera epidemia de la Edad Contemporánea (de hecho la última mortalidad catastrófica de la historia): la gripe española, llamada así porque fueron los periódicos españoles, los únicos no sometidos a censura de guerra al ser España neutral, los primeros en hablar de ella. El número de muertos (entre 50 y 100 millones) superó ampliamente a los causados por la guerra; pero ésta, en gran medida, contribuyó a expandir la epidemia por todo el mundo a una escala y velocidad nunca antes experimentadas. Los efectos en España fueron graves: 8 millones de contagiados y 300.000 muertos (reducidos a 147.114 en las estadísticas oficiales).Se crearon las Juntas de Defensa, un movimiento sindical militar no previsto en la legislación, en lo que era un claro desafío al gobierno del liberal Manuel García Prieto que, impotente para controlarlas, se vio obligado a dimitir. Su reemplazo, el conservador Eduardo Dato, optó por legalizarlas.
Las juntas (que utilizaban un nombre muy usual entre las instituciones españolas, y prestigiado por la historia en la rebelión popular de la Guerra de Independencia) decían defender los intereses de los oficiales de graduación intermedia, aunque su vocación de intervenir en política era evidente.
Uno de los temas de mayor capacidad movilizadora dentro del ejército había venido siendo su obsesión por la unidad nacional, manifestada con claridad desde la agresión al periódico satírico catalanista ¡Cu-Cut! (1905), tras la que el gobierno cedió para contentarles con la promulgación de la Ley de Jurisdicciones, que sometía a la justicia militar las ofensas orales o escritas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del ejército. La situación social de los militares era peculiar, pues mientras sus colegas de prácticamente todo el mundo ascendían rápidamente por méritos de guerra y por la necesidad de encuadrar gigantescas masas de soldados, ellos se veían reducidos a la inacción, que ni siquiera podía compensarse con los destinos en colonias, ya que se habían perdido en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. De hecho, había una verdadera "megacefalia" (16.000 oficiales para 80.000 soldados; mientras que la movilizada Francia disponía sólo de 29.000 para medio millón).Dentro del ejército español, se veían situaciones de agravio comparativo entre los únicos destinos coloniales (en Marruecos) y el resto. La inflación iba minando cada vez más el poder adquisitivo de los salarios de los militares, que a diferencia de los más flexibles contratos de los obreros, dependían de los rígidos Presupuestos Generales del Estado.
La actividad de las Juntas empezó en el primer trimestre de 1916 como consecuencia de unas pruebas de aptitud para el mando, parte de un programa de modernización impulsado por el gobierno del Conde de Romanones. Éste aceptó sus protestas en un principio, pero viendo la peligrosidad de un movimiento cuasi-sindical en el ejército, ordenó la disolución de las Juntas, sin ninguna efectividad. Aún en situación ilegal, habían aumentado su tono desde finales de 1916, sobre todo en la muy activa impulsora del movimiento: la Junta de Defensa del Arma de Infantería de Barcelona, dirigida por el coronel Benito Márquez. A finales de mayo de 1917 se produjo una enérgica reacción disciplinaria por parte del nuevo gobierno dirigido entonces por García Prieto, a través del ministro de Guerra general Aguilera: el arresto en el castillo de Montjuich de varios de sus miembros (dos tenientes, tres capitanes, un comandante, un teniente coronel y un coronel -Benito Márquez, el más visible dirigente del movimiento-). No obstante, la constitución inmediata de una Junta Suplente, que recibió la solidaridad de las juntas de Artillería e Ingenieros, e incluso de la Guardia Civil, en su "respetuosa" petición de libertad para los arrestados (1 de junio), supuso un espectacular aumento de la tensión militar, el lanzamiento de un "órdago" que García Prieto no se vio con apoyos suficientes para asumir (el papel del rey dada la naturaleza del asunto y su especial vinculación con el ejército no puede obviarse). Optó por dimitir, tras lo que Alfonso XIII encarga formar gobierno a Eduardo Dato, que consideró oportuno ceder a las reivindicaciones militares, liberando a los arrestados y legalizando las Juntas. Para mantener una postura firme de control de la situación, se suspendieron las garantías constitucionales y se incrementó la censura de prensa.